Rendición de cuentas

El Supremo condenó en junio de 2026 al exministro y ex secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses, y a su asesor Koldo García a 19 años, 8 meses y 1 día, por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en contratos de 13 millones de mascarillas para Puertos del Estado y Adif. La sentencia da por acreditadas operaciones inmobiliarias de la trama y advierte de que estas prácticas socavan la arquitectura democrática del Estado. Aldama, el empresario que confesó, fue condenado a 4 años y medio sin ingresar en prisión.

El ex secretario de Organización del PSOE está investigado por presuntas comisiones a cambio de obra pública y estuvo en prisión provisional desde junio de 2025. Según la UCO, dio «instrucciones verbales» al PSOE para pagar los viajes de Leire Díez. Fue quien negoció con Puigdemont la amnistía en 2023. Niega los hechos y dice que los audios de Koldo son falsos.

El Supremo condenó en noviembre de 2025 al fiscal general nombrado por el Gobierno a 2 años de inhabilitación, 7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización por revelar datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso (5 votos a 2). El presidente lo mantuvo en el cargo durante todo el proceso pese a las peticiones de cese. La sentencia afirma que «el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito». Dimitió tras el fallo; la Fiscalía ha recurrido en amparo al Constitucional.

La Audiencia de Badajoz le condenó en julio de 2026 a 9 años de inhabilitación por prevaricación por una plaza en la Diputación hecha a su medida («plan preconcebido»); al ex líder del PSOE extremeño Miguel Ángel Gallardo, a 18. Absueltos de tráfico de influencias. Condenadas 11 personas. La Fiscalía pidió la absolución; acusaban, entre otros, Manos Limpias, Vox, el PP y HazteOír, que pedían hasta 6 años de prisión. Recurrible.

El 21 de septiembre de 2026 el juez Juan Carlos Peinado abrió juicio oral contra ella ante un jurado por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos; antes, en julio, la Audiencia de Madrid había dejado fuera otras acusaciones. Investigada desde abril de 2024 tras una querella de Manos Limpias. El juez llegó a retirarle el pasaporte, que después recuperó. Sin fecha de juicio. Niega cualquier irregularidad.

Primer expresidente investigado: la Audiencia Nacional le imputó en mayo de 2026 por presunto tráfico de influencias en el rescate de 53 millones a Plus Ultra aprobado por el Consejo de Ministros y ejecutado por la SEPI. La policía registró su despacho y la empresa de sus hijas, también investigadas. La aerolínea tenía accionistas venezolanos y su presidente y su consejero delegado fueron detenidos en diciembre de 2025. Niega haber intervenido.

El exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, que renunció al escaño en 2023, irá a juicio con otras 13 personas; se piden 8 años para él. Procesados por cohecho, malversación, tráfico de influencias, estafa y falsedad. En casa del general de la Guardia Civil implicado se hallaron 61.110 euros en una caja de zapatos. Niega los hechos.

La Audiencia Nacional investiga una presunta red de la exmilitante socialista Leire Díez, vinculada a Cerdán, para desacreditar a jueces, fiscales y agentes de la UCO. La jueza Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano del presidente, está personada como perjudicada; una integrante del clan de Los Rochos afirma que le dieron su dirección y datos. Vox se ha querellado por coacciones en grado de tentativa. La agenda de Leire Díez incluye una anotación del 25 de marzo de 2025 sobre la «jueza de Badajoz», días después de que se rechazara recusarla. La UCO ha tomado declaración a la integrante del clan. Ningún tribunal ha atribuido aún responsabilidades.

Investigados desde julio de 2026 en el caso Leire por prevaricación y obstrucción a la justicia, por presuntos expedientes contra agentes de la UCO que investigaban casos que afectan al Gobierno. El ex jefe de la UCO declaró que el DAO pidió «ponerse de perfil». La UCO acredita tres encuentros de la directora con Leire Díez (septiembre y diciembre de 2024 y abril de 2025) y mensajes borrados. El ministro del Interior negó al principio esas reuniones y los mantiene en sus cargos. Lo niegan.

Presunto fraude de IVA de 182 a 231 millones en carburantes. Una empresaria investigada declaró haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE por indicación de Aldama. Aldama y su socio entraron en prisión en octubre de 2024; Aldama salió tras confesar en el caso Koldo. Los jefes de gabinete de las exministras Ribera y Maroto han sido citados como testigos. La Audiencia Nacional no ve, por ahora, indicios contra Ábalos en esta causa.

Sistema ilegal de ayudas de la Junta de Andalucía que repartió de forma arbitraria hasta 680 millones. El Supremo confirmó en 2022 las condenas de los expresidentes Chaves (inhabilitación) y Griñán (prisión); el Constitucional las anuló en parte en 2024, con 7 votos frente a 4. Fue el mayor caso de corrupción de la democracia por la cantidad de dinero público implicada.

Ábalos se reunió en Barajas con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que tenía prohibida la entrada en el espacio Schengen. El Supremo archivó: hubo vulneración de las sanciones europeas, pero no delito. Se publicó que del avión se descargaron unas 40 maletas sin control, algo que Ábalos niega. La UCO sitúa ahora a Aldama detrás del viaje, y Ábalos informó a Sánchez de la llegada.

Antes del 23-J el PSOE negó que la amnistía cupiera en la Constitución. Tras perder las elecciones, la pactó con Junts el 9 de noviembre de 2023 a cambio de los siete votos de Puigdemont para la investidura. La ley cubre los hechos del procés entre 2012 y 2023.

El Gobierno indultó parcialmente en junio de 2021 a nueve condenados por sedición y malversación, alegando utilidad pública, con el informe en contra del Tribunal Supremo («no se dan las circunstancias»). Sus socios independentistas eran necesarios para la legislatura.

Reforma pactada con ERC: la sedición, por la que se condenó a los líderes del procés, pasó a desórdenes públicos (máximo de 15 a 5 años), y la malversación sin ánimo de lucro se rebajó a un máximo de 4 años. La Abogacía del Estado pidió reducir la inhabilitación de Junqueras de 13 a 7 años.

La Ley Orgánica 10/2022, impulsada por el Ministerio de Igualdad (Irene Montero, Podemos) y aprobada por el Gobierno de coalición, unificó el abuso y la agresión sexual en un solo delito y rebajó la pena mínima de varios tipos. Como la ley penal más favorable se aplica también a los ya condenados, los tribunales acordaron al menos 1.233 rebajas de condena a condenados por delitos sexuales (el 31,4 % de las revisiones) y 126 excarcelaciones hasta el 1 de noviembre de 2023, según el CGPJ. Esa cifra no incluye los juzgados de lo penal, y el CGPJ no ha publicado balances posteriores. El PSOE reformó la ley con el PP (Ley Orgánica 4/2023: 233 votos a favor, 59 en contra, entre ellos Podemos, ERC y EH Bildu, y 4 abstenciones). La reforma no tiene efecto retroactivo. Son resoluciones judiciales sobre condenas firmes: no se investiga ningún delito del Gobierno.

El Constitucional, con siete magistrados de mayoría progresista frente a cuatro, anuló en parte las condenas del Supremo a los expresidentes socialistas Chaves y Griñán y a otros ex altos cargos. El PSOE andaluz anunció que readmitiría a los exonerados. Sus defensores lo ven como corrección jurídica; sus críticos, como un perdón político del mayor caso de corrupción por cantidad defraudada.

El Gobierno mantuvo al fiscal general hasta su condena y mantiene a la directora y al DAO de la Guardia Civil pese a estar investigados por presuntas presiones a la UCO.

El líder del Frente Polisario, con causas abiertas en la Audiencia Nacional, fue ingresado en un hospital de Logroño con un nombre falso por decisión del Gobierno, lo que desencadenó la crisis con Marruecos.

Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, aprobado por el Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso y pactado con Podemos según la prensa. Crea una autorización de residencia de un año por «arraigo extraordinario» para quienes estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026, con cinco meses de estancia continuada y sin antecedentes penales; si el país de origen no responde en un mes, basta con una declaración responsable. Concederla supone archivar los expedientes de expulsión por estancia irregular. Según el Gobierno, el plazo se cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes; antes, la prensa había atribuido al Gobierno una previsión de unos 500.000 beneficiarios.

El Constitucional avaló la amnistía en junio de 2025 por 6 votos a 4, con la mayoría progresista a favor y la conservadora en contra. Admitió el amparo de Puigdemont por sus «consecuencias políticas generales» y rechazó las recusaciones contra su presidente, Cándido Conde-Pumpido, exfiscal general con Zapatero. En septiembre de 2026, Conde-Pumpido propuso estimar el recurso de Dolors Bassa y ordenar al Supremo amnistiar la malversación, que el Supremo había excluido. Sus críticos denuncian la politización del tribunal; sus defensores sostienen que corrige una interpretación restrictiva de la ley. El relevo de cuatro magistrados sigue bloqueado en el Senado.

El 30 de mayo de 2025, dos programas de TVE difundieron que un guardia civil de la UCO quería atentar contra Sánchez con una «bomba lapa». Era falso: en los mensajes era un confidente quien advertía al agente de una bomba contra él, y los telediarios no lo emitieron por ese motivo. Varios ministros repitieron la acusación. En enero de 2026, el Consejo de Informativos de TVE lo calificó como «uno de los casos más graves de malas prácticas y manipulación» y denunció que no se rectificó con la misma relevancia. En 2026 un tribunal condenó a RTVE por no rectificar otra información.

Desde septiembre de 2018 Interior fue trasladando a los presos de ETA a cárceles del País Vasco y Navarra; en marzo de 2023 terminó la política de dispersión iniciada en 1989. En octubre de 2021 las prisiones vascas pasaron al Gobierno vasco, que había concedido 40 terceros grados (semilibertad) a presos de ETA en marzo de 2023, según la Asociación Víctimas del Terrorismo; la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió buena parte de ellos y el juez de vigilancia penitenciaria revocó al menos nueve. Las víctimas critican que se concedan sin colaboración con la justicia ni arrepentimiento expreso; el Gobierno sostiene que aplica la legislación penitenciaria ordinaria tras el fin de ETA.

Una enmienda de Sumar a la ley sobre antecedentes penales europeos, aprobada en el Congreso el 18 de septiembre de 2024 sin votos en contra (PP y Vox dijeron después que no habían advertido su alcance), permite descontar de las condenas en España los años cumplidos en Francia, algo que el Supremo había rechazado en 2015. La AVT calculó que beneficiaría a 44 presos de ETA. En marzo de 2025 la Audiencia Nacional excarceló al primero.